Editorial El Reporte |
Cuando Alejandro Fernández W. fue designado superintendente de Bancos en 2020, muchos dominicanos recibieron la noticia con optimismo. No llegaba un banquero tradicional ni un político improvisado. Llegaba el fundador de Argentarium, un analista que durante años se ganó el respeto de miles de ciudadanos por explicar las finanzas en un lenguaje sencillo y, sobre todo, por denunciar prácticas que afectaban a los usuarios del sistema financiero.
Durante años escribió sobre los abusos, las malas prácticas comerciales, el acoso telefónico de algunas entidades financieras y la necesidad de fortalecer los derechos de los clientes bancarios. Su trayectoria pública estuvo marcada por una defensa constante de la educación financiera y del equilibrio entre la rentabilidad de los bancos y la protección del consumidor.
Ese era el Alejandro Fernández que conocía el país. Seis años después, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con ese regulador que prometía poner al usuario en el centro de las decisiones? Hoy los bancos dominicanos atraviesan uno de los períodos de mayor comodidad regulatoria de las últimas décadas.
Mientras las entidades financieras continúan reportando importantes beneficios, miles de clientes expresan inconformidad por el costo de las transferencias, las comisiones por diversos servicios, los cargos administrativos y el creciente costo de operar dentro de un sistema bancario cada vez más digitalizado.
La digitalización debía representar una oportunidad para reducir costos y facilitar la vida del ciudadano. Sin embargo, para muchos usuarios la percepción ha sido distinta: más servicios digitales, pero también más cargos, más comisiones y menos capacidad de negociación frente a las entidades financieras.
La Superintendencia de Bancos sostiene que ha fortalecido la protección al usuario mediante revisiones de contratos, mayor supervisión y el trabajo de ProUsuario. Esas iniciativas son positivas y merecen ser reconocidas. Sin embargo, el ciudadano común sigue preguntándose por qué, mientras aumentan las facilidades tecnológicas, no disminuyen proporcionalmente los costos que asume el cliente por utilizar esos mismos servicios. La función de un regulador no consiste únicamente en garantizar la estabilidad del sistema financiero. También implica equilibrar la relación entre instituciones con enorme poder económico y millones de consumidores que individualmente tienen muy poca capacidad para defender sus intereses.
En ese aspecto, la percepción ciudadana parece alejarse cada vez más del discurso institucional.
Resulta llamativo que quien antes dedicaba columnas completas a denunciar el acoso bancario y otras prácticas que afectaban a los usuarios hoy mantenga un perfil mucho más reservado frente a reclamos similares. El mismo Alejandro Fernández que escribía desde Argentarium sobre la necesidad de respetar a los clientes parece haber cedido espacio al funcionario obligado a preservar la estabilidad del sistema. La estabilidad financiera es indispensable. Nadie discute ese principio. Pero la estabilidad no puede convertirse en sinónimo de complacencia.
Una banca sólida también debe ser una banca competitiva, transparente y accesible. Una supervisión moderna no solo mide indicadores de solvencia; también debe preguntarse cuánto le cuesta al ciudadano mantener una cuenta, realizar una transferencia o utilizar los servicios digitales que ya forman parte de la vida cotidiana.
El éxito de la banca no puede medirse exclusivamente por sus balances financieros.
También debe medirse por el nivel de satisfacción y confianza de quienes sostienen el sistema con sus depósitos y operaciones diarias.
Alejandro Fernández conoce mejor que nadie esa realidad porque durante años la explicó, la documentó y la defendió desde el periodismo económico.
Precisamente por eso, la exigencia hacia su gestión es mayor.
Los ciudadanos no esperan un superintendente que confronte a los bancos por razones ideológicas. Esperan un árbitro que recuerde que su principal compromiso es con el interés público.
Porque cuando la voz que antes defendía a los usuarios deja de escucharse desde el organismo regulador, quienes terminan pagando el silencio son los millones de dominicanos que utilizan el sistema financiero todos los días.
